El Constitucional inadmite por amplia mayoría el amparo del Defensor del Pueblo y deja sin voto, por ahora, a los 160.000 nacionalizados por la ley de nietos
El Pleno considera prematuro el recurso de Ángel Gabilondo porque el Supremo mantiene abierto hasta el viernes el plazo de alegaciones, y la decisión rompe la habitual división entre bloques.
El Pleno del Tribunal Constitucional inadmite este miércoles el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto de los españoles nacionalizados en virtud de la ley de memoria democrática, la llamada ley de nietos. La decisión sale adelante por una mayoría amplia, con magistrados de los sectores progresista y conservador del tribunal votando en el mismo sentido, y deja a más de 160.000 residentes en el extranjero sin poder votar, de momento, en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El argumento central es procesal: la mayoría entiende que el recurso es prematuro y no cumple el requisito de subsidiariedad del amparo, porque la vía de la justicia ordinaria no está agotada. El Tribunal Supremo, que retiró cautelarmente el sufragio a este colectivo, mantiene abierto hasta el viernes 23 de octubre un plazo de alegaciones para los afectados, y el Constitucional prefiere esperar a que el alto tribunal resuelva antes de entrar en el fondo.
La resolución no cierra la puerta a un nuevo amparo cuando el Supremo se pronuncie, pero el calendario aprieta: con el plazo de alegaciones hasta el viernes y la campaña ya en marcha, el margen para que estos electores recuperen el voto antes del 29-N se estrecha a pocas semanas. La Oficina del Defensor del Pueblo anuncia que estudia la resolución y no descarta volver a recurrir.
Las señales que sustentan la predicción son sólidas: tanto El País como El Mundo publican este miércoles que una mayoría de los doce magistrados, sin reflejar la división de bloques, defiende inadmitir el recurso por prematuro, y los letrados del tribunal ya habían informado en ese sentido. El escenario alternativo —una admisión a trámite— exigiría un giro de última hora en el Pleno que ninguna fuente anticipa.