Tiendas de campaña y pancartas por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid
Decenas de tiendas de campaña ocupan la Puerta del Sol, donde los acampados siguen la negociación del decreto de vivienda.

El Gobierno cierra con Sumar el 'decreto Maricarmen': prórroga obligatoria de alquileres y freno a los desahucios de vulnerables sin alternativa

Moncloa confirma que el texto irá al Consejo de Ministros del martes tras un fin de semana de negociación contrarreloj, con la acampada de Sol como telón de fondo; la recuperación de la vivienda de Maricarmen queda fuera del decreto.

Contenido predictivo: esta noticia describe un escenario probable para mañana y no un hecho confirmado.

El Gobierno y Sumar cierran este domingo el acuerdo sobre el nuevo decreto de vivienda, bautizado en la calle como 'decreto Maricarmen', y Moncloa confirma que el texto entra en el orden del día del Consejo de Ministros del martes. El pacto incluye una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses y la suspensión de los lanzamientos de hogares vulnerables mientras los servicios sociales no ofrezcan una alternativa habitacional.

La presión ha sido máxima. El desahucio de Maricarmen desbordó el sábado las calles de Madrid con decenas de miles de manifestantes y una acampada en la Puerta del Sol que el Sindicato de Inquilinas mantiene quince años después del 15-M. Sumar había amenazado con no acudir al Consejo del martes si el decreto no estaba en la agenda, y el ala socialista, que quería más tiempo para atar apoyos parlamentarios, cede para evitar una crisis de Gobierno.

El acuerdo, sin embargo, no satisface todas las demandas de los socios. La exigencia de recuperar la vivienda de Maricarmen y la renovación automática indefinida de los contratos quedan fuera; el PSOE las considera jurídicamente frágiles. Las organizaciones acampadas en Sol responden que la movilización sigue hasta conocer la letra pequeña.

El escenario tiene riesgos: la negociación puede alargarse hasta el lunes o el anuncio limitarse a un compromiso genérico sin detallar las medidas. Y el decreto necesitará después su convalidación en el Congreso, donde Junts y PNV ya han mostrado reparos a intervenir el mercado del alquiler.

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