Pedro Sánchez visita una promoción de vivienda pública en el Poblenou de Barcelona
Pedro Sánchez atiende a la prensa ante una promoción de vivienda pública de alquiler asequible en el Poblenou.

El Gobierno incorpora la prórroga obligatoria de alquileres al 'decreto Maricarmen' y Sumar confirma que sus cinco ministros se sientan mañana en el Consejo

Sánchez lo avanza desde el Poblenou de Barcelona tras un fin de semana de negociación contrarreloj; Junts arranca un apartado contra los grandes tenedores y la acampada de Sol mantiene la presión.

Contenido predictivo: esta noticia describe un escenario probable para mañana y no un hecho confirmado.

El Ministerio de Vivienda cierra este lunes el texto del decreto contra la crisis de la vivienda que el Consejo de Ministros aprueba el martes. La principal concesión a Sumar es la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses, con subidas topadas al índice de referencia, una medida que el socio minoritario había convertido en condición para no plantar a sus cinco ministros en la reunión.

Pedro Sánchez, que visita en el barrio del Poblenou una promoción de vivienda pública de alquiler asequible, defiende el acuerdo como «la respuesta del Gobierno a los jóvenes de Sol» y avanza que el decreto también refuerza la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, el caso que simboliza el desalojo de Maricarmen.

Para asegurar la convalidación en el Congreso, que debe producirse en el plazo máximo de un mes, el texto incorpora un apartado sobre grandes tenedores y fondos de inversión que responde a la exigencia de Jordi Turull: los siete votos de Junts dependían de que el Gobierno «regule para frenar a los fondos buitre».

La incertidumbre está en la letra pequeña. Si la prórroga queda limitada a zonas tensionadas o a contratos de grandes propietarios, Sumar puede darla por insuficiente, y los acampados de la Puerta del Sol —que han fijado una cuenta atrás de 48 horas— han avisado de que no levantarán la protesta con un decreto «de mínimos».